5/18/2010

REALIDAD NACIONAL

La Convención protesta hoy contra tendido de gasoductos






Cusqueños empiezan resistencia para evitar la exportación de gas.

Resistencias indígenas al tendido de gasoductos sobre territorios nativos se suman hoy al rechazo de amplios sectores a la exportación de gas que el gobierno pretende llevar adelante con un nuevo informe impreciso sobre un incremento de las reservas de Camisea, puesto en duda por especialistas.


Un paro de 72 horas iniciará hoy la provincia cusqueña de La Convención, en rechazo a la pretensión de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), encargada de la exportación del gas de Camisea, de extender los ductos para el transporte del hidrocarburo por territorios intangibles de las poblaciones nativas que habitan en la reserva natural de Megantoni.


De acuerdo a los planes de la empresa, se trata de dos ductos que se inician en la cuenca amazónica donde está situado el yacimiento de Camisea, en el distrito de Echarate, provincia de La Convención. Uno es para el transporte del gas natural y luego de atravesar la cordillera llegará a la costa hasta Lurín, a 35 kilómetros de Lima, mientras que el segundo gasoducto para el transporte de líquidos de gas natural también atraviesa Los Andes y llega a la playa Lobería en Pisco.


Los representantes del Comité Central de Lucha de la Provincia de La Convención, que integran 40 comunidades nativas del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru) y la Central de Comunidades Nativas del Medio y Alto Urubamba (Ceconama), denuncian que esta obra de ingeniería afecta 140 kilómetros del Santuario del Megantoni.


El dirigente nativo Hermenegildo Cahuaniri dijo que la protesta se realizará en defensa de su territorio y del medio ambiente de la región.


En un comunicado, el Comité de Lucha expresó su rechazo a la construcción de un túnel próximo a la reserva, el cual se ha proyectado sin tener en cuenta que las leyes internacionales y del propio país protegen los territorios nativos.


El comunicado también denuncia que las audiencias públicas y talleres informativos realizados por la empresa TGP sólo buscan convalidar la realización de la obra, señalando además que los estudios de impacto ambiental efectuados no responden a la realidad.


El proyecto de la empresa exportadora motivó también la reacción de la Municipalidad provincial de La Convención, pues el alcalde Marco Challco de la Cuba remitió un documento al ministro de Energía y Minas en el que le expresa su preocupación por las comunidades y por el impacto que tendría en el Santuario la construcción de túneles.


El burgomaestre señaló que TGP no cumplió a cabalidad con atender las demandas ambientales y sociales de las etapas anteriores y ahora pretende que se aprueben estudios antitécnicos.


Ofreció inclusive que la municipalidad contrataría los servicios de técnicos en la materia para asesorar a las comunidades en futuros talleres a fin de que los mismos se realicen en igualdad de condiciones.


En Lima, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, aseguró que las comunidades nativas han sido debidamente informadas en los talleres y negó que se opongan al proyecto. Dijo que el túnel no interfiere con la reserva y en estos momentos hay diálogo con los representantes de La Convención.


Los que se oponen, señaló, son gente de Quillabamba, entre ellos sindicatos y organizaciones que no están vinculadas al proyecto.


A la medida de GarcíaEn otro escenario, expertos y analistas criticaron ayer el resumen del informe realizado por la consultora Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI), contratada por Energía y Minas para certificar el nivel real de las reservas existentes en los Lotes 56 y 88 de Camisea, el cual arrojó que ambos lotes tienen reservas probadas de 11.177 trillones de pies cúbicos (TCF), muy superiores a los 8.8 TCF que la empresa Gaffney, Cline & Associates (GCA) reportó en mayo del año 2009, a pedido de Pluspetrol, del Consorcio Camisea.


El ministro Sánchez no vio discrepancia entre uno y otro resultado y lo explicó indicando que el reporte de GCA se hizo con criterio comercial, mientras que el de Netherland responde al criterio del Ministerio. “No hay ninguna discrepancia”, expresó.


Por el contrario, señaló que con el informe de parte realizado por NSAI ha quedado en claro que el nivel de reservas con un 90 por ciento de probabilidades es de 11,2 TCF y un mayor estimado, con 50% de éxito, es 15,9.


“Ese es el nivel de reservas que tiene ahora el país”, expresó el ministro, resaltando el nivel internacional de la empresa certificadora. Refirió también que el problema actual no es de reservas. “Ese era el tema que andaba en discusión. Queda definitivamente confirmado que si las tenemos (las reservas) y lo que hay que trabajar es la capacidad de producción y la atención de la demanda”, añadió en referencia a la responsabilidad que le cabe al Consorcio Camisea.


Sin embargo, el ex ministro del sector, Carlos Herrera Descalzi, descartó que se pueda tomar el informe de NSAI como determinante, pues lo presentado ayer por el sector Energía dista de ser un verdadero informe. Es una presentación, de la cual se han extraído las cifras que le interesan al gobierno, añadió, refiriéndose al documento que fue colgado en la página web del sector.


Señaló que si fuera un verdadero informe, explicaría los términos de referencia y la metodología utilizada. Cada cifra debería remitir a una explicación detallada, pero no ocurre así y no resulta claro cómo es que difieren tanto las cantidades presentadas por ambas consultores en menos de un año.


El incremento de 2.3 trillones de pies cúbicos es una enormidad, es casi el 25% más que la anterior certificación, manifestó el ex ministro.


Herrera Descalzi apuntó que esta diferencia tan grande sólo añade incertidumbre a la actual situación que atraviesa el mercado del gas y demandó al ministro Sánchez la presentación del informe completo de NSAI, así como la certificación anual 2010 encargada por Pluspetrol, presuntamente a GCA.


La congresista nacionalista Susana Vilca también discrepó con la veracidad del informe. “Como representante del pueblo exhorto al Ministro de Energía y Minas disponga la inmediata publicación del informe completo que ha presentado la consultora Netherland, Sewell & Associates, Inc”, expresó la congresista quien criticó que el ministro haya publicado diapositivas en su página web en lugar del informe completo.


Aurelio Ochoa de Energie Consult opinó que el resultado de la consultora es superficial porque no ahonda en la forma en que se ha realizado y sólo muestra las cifras que le interesan al gobierno.


En los mismos términos se pronunció el analista Manuel Dammert, quien dijo que el informe citado por el ministro coincide sospechosamente con las cifras que previamente dieron el presidente Alan García y el ministro de Energía, y aseguró que se trata de un informe hecho a la medida del gobierno con la finalidad de justificar la exportación.


Pluspetrol desautoriza informe de consultora
El informe encargado por el Ministerio de Energía y Minas a la consultora Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI), tampoco recibió el respaldo de Pluspetrol, socia mayoritaria del Consorcio Camisea.


Daniel Guerra, gerente de relaciones institucionales de la transnacional, dejó en claro que ésta seguirá utilizando su propia certificación para estimar las reservas y anunció que no atenderán más solicitudes de abastecimiento de gas hasta el año 2012.


Al comentar este anuncio de Pluspetrol, el ministro de Energía señaló que una cosa que hay que diferenciar es que una cosa es el tema de reservas y otra es la capacidad de producción y de atención de la demanda del Consorcio Camisea.


Hay límites físicos para producir y entregar gas por el momento, dijo Sánchez, y anunció que la capacidad total de entrega al mercado interno que es de 450 millones de pies cúbicos diarios, se elevará a 520 millones en julio y a 920 millones en el 2012.


Indicó que toda la demanda insatisfecha actual se refiere básicamente a plantas nuevas y reiteró que el gobierno recurrirá al uso de un mercado secundario para disponer de por lo menos 100 millones de pies cúbicos que tienen reservadas las empresas por los contratos que ya están suscritos y que el consorcio no puede vender.

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