Lo ocurrido el año pasado en Bagua
fue una masacre. Sea cual fuere el punto de vista, el año pasado en
el departamento de Amazonas, murieron al menos 34 personas, entre
civiles y efectivos de las fuerzas del orden. La principal
responsabilidad política, contra lo que algunos medios señalan, recae en
las autoridades del gobierno: De ellos dependía que no hubieran muertos
que lamentar.
El argumento principal de la protesta era que los llamados “decretos
del TLC” (decretos promulgados por el poder ejecutivo, con poderes
legislativos otorgados por el Congreso bajo un contexto de emergencia)
vulneraban a los pueblos amazónicos.
En efecto, desde hace décadas
existe en el Perú el
Convenio 169 como herramienta legal que permite el derecho a la
consulta por parte de los pueblos amazónicos (en caso de medidas
políticas y/o legislativas que les afecten), pero esta nunca fue
reglamentada.
Diversas comunidades, en alianza con la población colona
de Bagua, protestaron durante semanas exigiendo en primer lugar la
derogación de una serie de decretos que eran percibidos como dañinos por
ellas; en segundo lugar, la exigencia más fuerte era la de inclusión y
reconocimiento como ciudadanos peruanos.
La selva peruana es un espacio
de exclusión con respecto al resto del país.
ACTITUD POLITICA DE DE NUESTROS GOBERNANTES ANTE LAS EMPRESA TRASNACIONALES ES
“te doy los recursos naturales y riquezas de los peruanos me das una comisión (corrupción); no importa que afecte los intereses de la población y hablamos después”. simplemente
actuando como mendigos y serviles del capitalismo.
