La corrupción que escandaliza al país en un cáncer inherente al sistema político gobernante

Denuncias de corrupción erosionan al gobierno de García en Perú

(AFP) – hace 10 horas

LIMA — Graves actos de corrupción que involucran presuntamente a altos dirigentes del partido de gobierno en Perú, han puesto en aprietos al presidente Alan García, que busca evitar que el escándalo lo salpique a más de un año del fin de su mandato.

La mira está puesta en los dos secretarios generales del partido APRA por un caso de espionaje telefónico que se arrastra desde hace 16 meses, y otro más reciente por una venta de un terreno estatal de 300.000 m2 al precio irrisorio de 4.000 soles (unos 1.700 dólares).

El ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, uno de los peruanos de mayor credibilidad, se mostró alarmado por las revelaciones cotidianas de la prensa sobre irregularidades y dijo que en Perú hay una verdadera crisis de corrupción.

"Estamos en una verdadera crisis, la única ventaja es que el sistema democrático persiste; se practica la democracia", declaró a una radio de Lima.

Asediado por los escándalos, el presidente García tomó distancia de las denuncias. "Hay ratas y miserables, una partida de basuras que no toman en cuenta el esfuerzo que hago por el país", dijo.

"Yo no protejo a ningún compañero, si creen que yo voy a estar tapando, capoteando, vayan al diablo", agregó indignado.

La opinión pública tiene la percepción de que existe "mucha corrupción en el gobierno" lo que empujó la desaprobación a la gestión del mandatario de 62% en marzo a 67% en abril, según una encuesta de la empresa Ipsos-Apoyo, que consideró la corrupción como el principal problema del país actualmente.

Diariamente Perú es remecido por audios que revelarían negociados y tráfico de influencias del ex primer ministro Jorge Del Castillo, uno de los secretarios generales del partido de gobierno, y otros altos funcionarios en favor de empresas petroleras.

Del Castillo, quien niega las acusaciones, se vio obligado a renunciar en octubre del año pasado tras revelarse las grabaciones, obtenidas clandestina e ilegalmente por la empresa privada Business Track (BTR), formada por marinos en actividad y en retiro.

En esas grabaciones mostraban una relación personal entre Del Castillo e implicados en un escándalo por una adjudicación irregular de lotes petroleros.

Pero las actividades de BTR desataron otro escándalo: la existencia de una red de espionaje telefónico a políticos, empresarios, jueces e incluso periodistas de la prensa extranjera. Esta red al parecer operaba desde el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).

El otro secretario general del APRA involucrado en irregularidades es Omar Quesada, que dirigía una agencia estatal de entrega de títulos de propiedad a la que tuvo que renunciar por la venta de un extenso terreno en una playa al sur de Lima.

El predio fue vendido a un militante del partido de gobierno luego de que se pasaron por alto una serie de trámites, en una transacción que ha despertado sospechas de tráfico de terrenos en gran escala en que estarían involucrados altos funcionarios gubernamentales.

El opositor líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, estimó que "la corrupción que escandaliza al país en un cáncer inherente al sistema político gobernante que ha copado al Estado y un modelo económico que se aprovecha de ello".

Humala pidió sanciones ejemplares para evitar que se repita "la corrupción generalizada que se vivió en la década de Fujimori en que se desfalcó al país".

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