BREVE RESUMEN DE NUESTROS GOBERNANTES - PARA RECORDAR Y NO OLVIDAR

Aunque la administración Toledo dice respetar las libertades ciudadanas y el estado de derecho, múltiples denuncias, sucesos e indicios razonables expuestos por ciudadanos, líderes políticos, dirigentes de instituciones cívicas y la prensa independiente, confirman que se ha desnaturalizado la misión de un segmento de los servicios secretos peruanos, usándolos para la represión y el espionaje político, tanto como para encubrir la corrupción gubernamental. Por primera vez se revela en forma global este accionar nefasto, propiciando una corriente de opinión pública que lo desarticule, y evite así, una posible escalada hacia otros hechos delictivos con un grave desenlace, en el contexto de los impredecibles comicios generales del 2006, donde se elegirá a un nuevo gobierno y Parlamento.

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“… entonces conocerán la Verdad y la Verdad los hará libres” Evangelio según San Juan. 8,32.
Esta deplorable historia se descubre con más nitidez el año 2003
 Los primeros meses del año 2003 y ampliando las pesquisas de otros medios, el programa Entrelíneas del Canal 8 de Lima, denunció la existencia de un denominado “Plan Andino”, cuya finalidad sería descabezar y copar el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), incorporando a personal del partido gobiernista Perú Posible. La primera etapa ya se había ejecutado: a la nueva estructura directiva y como “analistas” del CNI, llegaron exclusivamente personal de dicha agrupación política, gracias a una fuerte injerencia de Eliane Karp, esposa del presidente Toledo. Esta acusación se confirmaría luego con los diversos hechos que mostraron la desnaturalización de las funciones del CNI, dedicado a encubrir las tropelías del gobierno de Toledo, en lugar de afianzar la seguridad nacional.
 Por entonces, una revelación del periodista César Hildebrandt, permitió que la prensa y las autoridades ubicaran en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, una camioneta Ford Van, equipada con sofisticados dispositivos para interceptar comunicaciones y otras tareas de espionaje. En esa oportunidad resultó involucrado un oficial de la Policía Nacional adscrito a la Digimin (Dirección General de Inteligencia del ministerio del Interior), y cobró fuerza una sospecha: un ala de los servicios secretos estaría usando subrepticiamente esta clase de equipos decomisados a grupos ilegales que actuaron en la década pasada. Incluso se recuerda que al inicio del gobierno de Toledo ya el líder del APRA, Alan García, había sufrido la interceptación de una comunicación telefónica con el congresista Jorge Del Castillo.
 El programa periodístico La ventana indiscreta del Canal 2 de Lima, declaró que cuando realizaban investigaciones sobre malos manejos en el CNI, entre agosto y septiembre del 2003, una Unidad de Operaciones Encubiertas, perteneciente a la Dirección de Contrainteligencia de dicho servicio secreto, perpetró labores de espionaje contra sus periodistas de investigación y demás integrantes del programa. En esas circunstancias, uno de los hombres de prensa fue agredido y sufrió el robo de su celular. La exposición de estos hechos provocó la renuncia forzada del jefe del CNI, almirante en retiro Alfonso Panizo.
 El diario Correo de Lima, publicó una investigación contenida en documentos de trabajo de inteligencia filtrados por personal del CNI (denominados “Plan Enrique 2003”), donde se aseguraba que en el distrito limeño de La Molina, existía un inmueble en el cual, personal de la Dirección Antidrogas (Dirandro), de la Policía Nacional, estaría empleando equipos cedidos por la DEA estadounidense, para tareas de espionaje político contra diversas personas e instituciones. Es de precisar, que luego en agosto 2005, se tuvo que aplicar una “cirugía mayor” en la Dirandro – defenestrando a su jefe y a numeroso personal- al descubrirse que estaba infestada de corrupción y hasta habría sido infiltrada por el cártel mexicano de Tijuana.
 El movimiento político opositor “Sí Cumple” -liderado por el cuestionado ex presidente Alberto Fujimori- denunció haber sufrido el robo de equipos informáticos conteniendo datos sobre su organización y otros documentos, en su local del distrito de Lince en Lima, que además compartía con otras dos instituciones particulares, las mismas que no fueron afectadas por los intrusos.
 Desconocidos golpearon violentamente al dueño de Radio Miraflores de Lima, Ricardo Palma Michelsen, cuya emisora acoge un sintonizado programa sabatino “La hora del chino”, que sirve para promover y defender al ex mandatario Alberto Fujimori. Del mismo modo, esta radio difundía los espacios de dos periodistas de oposición radical al gobierno de Toledo: Nicolás Lucar y Fernando Viaña.
 Funcionarios del gobierno regional de Arequipa -del opositor Partido Aprista Peruano- y congresistas de esa agrupación, lograron infiltrar una reunión donde participaba un empleado gubernamental destacado en Arequipa -el mayor del ejército en retiro, Marcos Hinojosa Requena- cuando coordinaba acciones para desestabilizar al mencionado gobierno regional, con apoyo del CNI. El militar indicado es de la misma promoción de la Escuela Militar de Chorrillos -La Brea y Pariñas de 1969-, a la que pertenece Roberto Chiabra León, quien entonces era comandante general del Ejército y después fue ministro de Defensa de Toledo.
 Mientras la periodista Rosa María Palacios, conducía un programa político en el Canal 6 de Lima, manifestó ante la prensa y una Comisión del Congreso, haber sido víctima de un operativo para interceptar sus comunicaciones telefónicas. Incluso presentó el artefacto que fue ubicado por una empresa privada de seguridad, en un poste telefónico frente a su domicilio en Miraflores. Expertos consultados reconocieron que el aparato servía para interceptar comunicaciones, y por su estado, había sido colocado recientemente.
 La corresponsal de la cadena CNN y la revista Newsweek en el Perú, Sharon Stevenson, fue encontrada muy golpeada y abandonada en el distrito limeño de San Martín de Porres. Ella investigaba la influencia del narcotráfico y la supuesta utilización del hongo fusiarium oxysporum en los programas para erradicar cultivos de coca, supervisados por la Policía Antidrogas del Perú y la DEA estadounidense. Igualmente, en más de una oportunidad Stevenson había denunciado la presencia de subversivos de las Farc de Colombia en territorio peruano, contrariando declaraciones del gobierno del Perú sobre el particular. Más tarde aparecieron versiones periodísticas señalando que la agresión contra Stevenson, sería producto de un asalto y/o conflicto de pareja.
Los incidentes se acentúan en el 2004
 En marzo de 2004, el Canal 2 de Lima puso al descubierto -con pruebas documentarias-, que el ex jefe del CNI César Almeyda, así como el general del Ejército en retiro Daniel Mora, estuvieron al tanto de una operación (“Plan Cazador”), de ubicación y recuperación de equipos para interceptar comunicaciones, que fueron empleados entre 1990 y el 2000, pero no lo comunicaron a las autoridades correspondientes. También se supo que antes de relevarse en su cargo como jefe de la Dirección de Inteligencia Estratégica del CNI, Mora expuso al entonces jefe del CNI, Fernando Rospigliosi, los operativos secretos en curso, pero le ocultó el “Plan Cazador”.
 Seguidamente, el organismo no gubernamental, “Pro Justicia”, sufrió el robo de varias computadoras, con valiosa información sobre casos de corrupción judicial y hasta un documento de trabajo sobre la reforma del sistema de inteligencia peruano. El director ejecutivo de “Pro Justicia”, Fernando Ophelan, desarrolla una activa campaña mediática y académica, develando supuestos actos de corrupción y abuso del gobierno de Toledo y del Poder Judicial, de igual forma critica la “justicia jacobina”, que aplicaría un sector de los jueces, contra procesados vinculados al régimen de Fujimori.
 El diario Correo de Lima destapa un nuevo escándalo, con grabaciones y filmaciones incluidas: una fallida operación de difamación perpetrada personalmente por el director de Contrainteligencia del CNI, coronel del Ejército en retiro, José Valdivia, en perjuicio del entonces ministro del Interior Fernando Rospigliosi (públicamente enfrentado con el jefe del CNI, general en retiro Daniel Mora y otros sectores del propio gobierno).
A raíz de estas acusaciones y la presión de la opinión pública, el jefe del CNI y Valdivia, fueron obligados a dimitir, el 19 de marzo, al tiempo que se anunció la “desactivación total del CNI”. Medida que fue cambiada por una nueva reorganización. A pesar de numerosos cuestionamientos en su contra, Daniel Mora recibió el respaldo del presidente Toledo y siguió desempeñándose como “secretario de ética y disciplina” del partido oficialista, para luego ser designado en febrero del 2005, directivo del principal organismo de seguridad social del Perú, y en julio del mismo año, asesor del presidente Toledo.
 Refiriéndose al intento de cierre del CNI, en marzo del 2004, el criticado legislador opositor Alfredo González sostuvo: “El principal servicio de inteligencia que tenemos en el Perú es la Digimin, que está dirigida hace años dentro del gobierno de Toledo, por el general de la policía en retiro, Juan Zárate Gambini, hombre de la DEA”.
“Ése señor es el que maneja todo el frente interno y tenía un jefe operativo que era el coronel Jorge Cárdenas, que era el encargado de interceptar comunicaciones. Actualmente, el jefe operativo es el coronel Edgar Palomino”, apuntó. (Cárdenas ahora es general y jefe de la Digimin desde diciembre del 2004 ante la súbita renuncia del general Zárate Gambini) “Lo cierto es que hay un aparato de inteligencia, paralelo, que tiene mucha plata y funciona en el ministerio del Interior. La información que yo tengo es que la DEA le ha dado equipos de interceptación a Zárate Gambini”, remarcó el legislador González y concluyó: “Estos equipos, que son operados por la Digimin, se están usando contra los políticos y periodistas que no les resultamos cómodos, hasta se espía a ciertos personajes del gobierno”.
Sobre este asunto, cabe acotar que gracias a su continua actividad como dirigente deportivo, el congresista Gonzáles estableció lazos de amistad durante muchos años con oficiales de la Policía Nacional, quienes le habrían proporcionado la información referida, al estar disconformes con el proceder ilegal de ciertos colegas suyos vinculados a los aparatos de inteligencia. Simultáneamente, no se excluye la posibilidad de una actitud permisiva de la DEA frente al espionaje político de los servicios secretos policiales, en reciprocidad por el fuerte apoyo que brindó la CIA, a la comunidad de inteligencia peruana durante el régimen de Fujimori.
 A su turno, el primado de la Iglesia Católica en el Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani (que soporta una animadversión pública y notoria de la influyente esposa del Presidente Toledo), denunció el 5 de abril de 2004, que por un año y medio era víctima de la interceptación de sus teléfonos y faxes; aclarando que no lo hizo público antes, debido a su desconfianza en las autoridades judiciales. Estas afirmaciones luego las ratificó ante la “subcomisión investigadora encargada de interceptaciones”, del Congreso de la República.
 Por otra parte, el 27 de abril, sesenta internos del Establecimiento Penitenciario de Procesados Primaros de Lima (ex San Jorge), sufrieron una aguda intoxicación. Según el presidente de la entidad que dirige las prisiones del Perú (INPE), Wilfredo Pedraza, el hecho se produjo por la mezcla de los alimentos con un insecticida, utilizado habitualmente como raticida. “Se trató de una contaminación deliberada”, explicó el directivo.
En dicha prisión se encuentran detenidos, muchos ex funcionarios que trabajaron en el gobierno de Fujimori y otros, entre ellos Miguel Salas, que divulgó un audio comprometedor que provocó el encarcelamiento del ex asesor presidencial y ex jefe del CNI, César Almeyda. Algunos de estos reclusos estaban realizando denuncias de corrupción y chantaje, contra altos funcionarios del régimen de Toledo (como el líder del partido aliado del gobierno, Fernando Olivera, el ex jefe del CNI, Daniel Mora, entre otros). En consecuencia, es probable que la extraña intoxicación buscara atemorizar a los denunciantes e incluso al propio Almeyda, quien por su cercanía a Palacio de Gobierno, podría conocer información sensible, sobre presuntos casos de corrupción en las altas esferas del poder.
 En mayo de 2004, los directivos del diario opositor “La Razón”, confirmaron ante la Comisión de Defensa e Inteligencia del Congreso y la Fiscalía, sus denuncias sobre interceptaciones telefónicas y seguimientos de las que habrían sido víctimas sus periodistas y varios personajes que se comunicaban con ellos. Para sustentar su acusación, el Editor General de la La Razón, Plinio Esquinarila presentó audios con diálogos entre el parlamentario Rafael Rey y redactores del periódico; además otros documentos que le habrían proporcionado fuentes de inteligencia descontentas con este proceder.
¿También “terrorismo blanco”?
 El 6 de julio y cuando importantes voceros del Ejecutivo alertaban sobre un supuesto “complot para derrocar al mandatario Toledo”, el presidente de la Central General de Trabajadores del Perú, Mario Huamán, principal organizador del paro nacional de protesta contra la administración Toledo, previsto para el 14 de julio, recibió un siniestro presente en su hogar: un arreglo floral y una caja que contenía una granada de guerra tipo piña, con su respectivo dispositivo de seguridad, y una tarjeta donde se atribuía la autoría de este hecho a un aparente “Comando 4 Suyos”.
Al día siguiente, surgieron pintas en algunas avenidas centrales de Lima con la inscripción: “Comando 4 Suyos”, como reivindicando dicho acto de “terrorismo blanco”. Ambos hechos fueron corroborados por las fuerzas del orden y la prensa. Al tiempo que Olmedo Auris, líder del poderoso sindicato nacional de profesores (Sutep), participante del paro nacional, dijo al diario Correo, que recibió llamadas telefónicas amenazándolo de muerte.
Es necesario recordar, que el presidente Toledo denominó en el año 2000, “Marcha de los 4 Suyos”, a la principal movilización de protesta que encabezó junto a sectores opositores al gobierno de Fujimori, otorgándole desde entonces a ese acto, un visible simbolismo político-partidario.
 Por otro lado, el 10 de julio, Carmen Burga, testigo y presunta cómplice de un supuesto fraude en la inscripción electoral del gobiernista partido Perú Posible (PP), que incluso había declarado ante un fiscal y solicitado acogerse a la figura legal de la “colaboración eficaz”, acusando al mandatario Toledo, de una participación en el delito mencionado; salió del país con su familia, tramitando sin problemas sus pasaportes en oficinas gubernamentales, aún cuando luego se comprobó que no cumplía con los requisitos para obtenerlos.
Luego se presentaron varios testigos y pruebas, ante una comisión investigadora del Congreso, sindicando al presidente de la empresa nacional aeroportuaria (Corpac), a empresarios vinculados con el presidente Toledo y a jefes de la Dirección de Migraciones del Ministerio del Interior, por haber facilitado y financiado la fuga y ocultamiento durante varios meses en Ecuador, Colombia, Venezuela y en Chiclayo (Perú), a Carmen Burga y a su familia. Quienes al retornar al Perú confirmaron su denuncia inicial contra el jefe del Estado y la complicidad de altos funcionarios gubernamentales para posibilitar su salida del país, con el vano intento de acallarlos.
Sobre el tema, el 27 de agosto, el jefe de procuradores anticorrupción, Luis Vargas Valdivia, denunció las presiones que estarían ejerciendo, el jefe del gabinete de asesores del ministerio del Interior, Juan Sheput y el entonces director de Gobierno Interior, Pedro Carrasco (luego obligado a renunciar por una denuncia que lo relacionaba con un narcotraficante en prisión), sobre los integrantes del cuerpo policial que realizaban el peritaje a los planillones de PP, para verificar si existió un patrón de falsificación de rúbricas en su inscripción.
Pese a que en estos últimos sucesos, no se percibe un acto de represión política o espionaje, sí se muestra un nuevo modus operandi, destinado a asegurar la impunidad mediante el ocultamiento de pruebas o testigos comprometedores y la obstrucción de las investigaciones; para lo cual (esconder y luego ubicar en el extranjero a una familia), se necesita mucho dinero, personal operativo de confianza, autos, viviendas seguras, equipos de comunicación, entre otros soportes logísticos, junto a la complicidad de instancias oficiales.
 Pero los perpetradores de estos hechos no descansaron. El 5 y 7 de agosto de 2004, los diarios, La Razón y La República, informan de un extraño asalto y robo sufrido por la fiscal Martha Salinas Zavala, quien investigaba el caso de las cartas apócrifas presentadas por el entonces ministro de Justicia, Fernando Olivera al Estado del Vaticano, para desprestigiar a monseñor Cipriani; el ataque ocurrió en vísperas de que la fiscal formalizara la denuncia correspondiente, donde finalmente involucró a Olivera. Al comentar el tema, la doctora Salinas expresó: “Los agresores, eran altos y de buen vestir, por lo que no me parece que fue un asalto común, asimismo, ellos tenían más interés en mis documentos que en mi cartera. Quizá alguien quería asustarme”.
 El programa “La Ventana Indiscreta” (LVI), relata el 29 de agosto, que Fernando Cárdenas Lomparte, había intentado sembrar información falsa entre su equipo de investigación. Cárdenas entregó documentos fraguados de manera muy sofisticada, que acusaban a uno de los hermanos del presidente Toledo. Según LVI, el objetivo era acabar con la credibilidad de sus investigaciones, muchas de las cuales comprometen al entorno presidencial.
LVI aseguró que un operativo denominado “Estrategia de destrucción de líderes”, se había ejecutado desde Palacio de Gobierno, con la participación de Cárdenas Lomparte, quien resultó ser un ex oficial de la Marina que habría trabajado en inteligencia naval, también se le vincula con otro ex oficial naval Ricardo Irribarren, quien a su vez, sería ex compañero de estudios y amigo de Juan Sheput (entonces jefe del gabinete de asesores del ministerio del Interior y luego ministro de Trabajo de Toledo). Del mismo modo, Irribarren ha sido jefe de seguridad de la estatal Corpac y fue candidato del partido gobiernista en el 2002.
Los periodistas de LVI están convencidos que todos estos sujetos integraban un equipo de inteligencia que operaba desde Palacio de Gobierno, sin figurar formalmente en ninguna dependencia de la comunidad de inteligencia, y en él además habrían participado otros agentes civiles relacionados con el CNI por mediación del ex jefe de la desaparecida DINIE del CNI, general del ejército en retiro Carlos Chamochumbi y del coronel Enrique Aguilar, ex subjefe de dicha central de inteligencia durante la administración Toledo.
 El periodista y agudo crítico del gobierno, Agustín Figueroa (quien trabajó como asesor de imagen del presidente Toledo en el 2003 y por ello contaría con cierta información privilegiada), narró que el 27 de agosto, cuando caminaba por un puente de la Av. Javier Prado de Lima, hacia una cita previamente concertada por teléfono con el ex presidente Alan García, líder del APRA; sufrió una agresión física y un amago de asalto, donde uno de los atacantes le arrojó billetes fuera de circulación. Para algunos, este burdo acto de amedrentamiento habría pretendido transmitir el mensaje: “Te estamos vigilando y estas a nuestro alcance”.
 El 13 de septiembre, en el programa “La hora N”, del Canal 8 de Lima, el constitucionalista Aníbal Quiroga, acusó a la policía anticorrupción y a algún servicio secreto que no pudo precisar, por interceptar una comunicación suya enviada desde su computadora hacia un destinatario en Washington y por grabar clandestinamente conversaciones de coordinación realizadas en su estudio de abogado, las mismas que después habrían sido propaladas en una reunión de ministros. Quiroga ha estado vinculado a la asesoría legal de acusados de corrupción que ejercieron funciones en el gobierno de Fujimori.
 El diario Correo de Lima, del 14 de septiembre, recogió declaraciones en ese mismo sentido, pero desde la otra orilla: las que formuló el jefe de procuradores anticorrupción, Luis Vargas Valdivia (envuelto en una pública controversia con altos funcionarios del gobierno de Toledo a quienes por entonces investigaba), el cual denunció haber recibido un sobre conteniendo copias de dos correos electrónicos privados que días antes envió a un importante destinatario.
Sobre el asunto, el Dr. Vargas precisó: “Ya no me siento seguro ni cuando levanto mi teléfono o estoy frente a la computadora”. A pesar de ello, aclaró que si bien hay indicios de espionaje en su contra, no presentará denuncia penal ante el Ministerio Público. “Yo desconfío de los resultados, porque aún no se resuelven los casos de la periodista Rosa María Palacios, el cardenal Juan Luis Cipriani, entre otros”, enfatizó el procurador.
 El programa “Cuarto poder” del Canal 4 de Lima, confirmó el 19 de septiembre, que Elías Medina Mendoza, un agente de seguridad que trabajaba durante 2 años en Palacio de Gobierno, y otros tres sujetos, intentaron raptar y golpearon a Vilma Izquierdo Durán y a Alfonsín Karol Condo, cuando recolectaban firmas para la agrupación del congresista opositor Rafael Rey, el 12 de mayo.
De acuerdo a fuentes de “Cuarto poder”, este ataque fue ejecutado siguiendo órdenes del coronel de la Policía en retiro, Alejandro Ballarta Saldaña y del sobrino del presidente Toledo, Fernando Manrique (apodado “filete”), quienes laborarían como miembros de seguridad del jefe del Estado. Al respecto, ambos trabajadores de Rafael Rey, reconocieron el auto de placa TO-6695, en el que llegaron sus agresores, el cual pertenece a Elías Medina Mendoza.
Paralelamente, se reveló que detrás de la violenta agresión y robo que sufriera el 3 de abril de 2004, Fidel Supo -ex militante del oficialista partido Perú Posible (PP) y ahora radical crítico del gobierno- estaría el también trabajador de Palacio de Gobierno, en el Área de Servicios Generales, José Robles Ortega, reconocido por la secretaria de Supo ante cámaras de televisión, como uno de los atacantes de su jefe.
 Este proceder turbio de un sector del gobierno de Toledo y de su partido, se confirmó mediante la carta de renuncia del dirigente-fundador de la agrupación oficialista y ex presidente del Consejo de Ministros, Luis Solari, el 23 de septiembre. Donde entre otras cosas, cuestiona la autoridad moral del secretario de ética y disciplina de PP y ex jefe del CNI, general en retiro Daniel Mora, sobre quien refiere: “Tuvo que renunciar cuando no pudo explicar, qué hacía su jefe de contrainteligencia filtrando información a un medio, para desacreditar al mejor ministro del Interior” (que habría tenido la administración Toledo).
Pero Solari es más contundente en la última parte de su misiva: “...los recientes hechos descritos, revelan que estamos ante la existencia de un grupo de personas que, envanecidas por el poder transitorio, han adquirido un comportamiento de círculo de poder ajeno al compromiso que hicimos con el Perú al jurar como altos dignatarios de nuestra patria”.
 Confirmando el uso irregular de personal de Palacio de Gobierno, el 27 de septiembre, el programa “Cuarto poder”, filmó a seis trabajadores del Área de Servicios Generales de Palacio de Gobierno, mientras resguardaban el edificio Los Embajadores, en el distrito limeño de Surco, donde funcionaba la Fundación “Pacha por el Cambio” y la empresa Blue Bay Investment, vinculadas a la esposa del presidente Toledo, Eliane Karp y al ex asesor presidencial y ex jefe del CNI, César Almeyda, ahora preso en un penal de Lima por sus negociados con un militar que se suicidó en el 2003 y que tendría lazos con estructuras delictivas de la década pasada.
 El 7 de octubre, la directora del programa “Cuarto poder”, Roxana Cueva -quien renunció ese día junto al conductor del programa y el director de noticias del Canal 4 denunciando presiones de Palacio de Gobierno- aseveró que el presidente Toledo le dijo a Julio Aliaga, ex director de noticias, que “sabía perfectamente de las reuniones casi clandestinas todos los miércoles en la noche”, que ella sostenía con el congresista Rafael Rey. “No sé cómo él puede tener acceso a esa información”, sostuvo Cueva y agregó que el mandatario también mencionó a Aliaga datos sobre reuniones de otros periodistas con sus fuentes.
La indicada periodista recordó además, que la congresista oficialista, Doris Sánchez, dijo que contaba con fotografías comprometedoras del parlamentario Rafael Rey e incluso advirtió que ellas serían publicadas. “Las fotos se entregaron a un diario pro gobiernista y en ellas aparecíamos el congresista y yo, conversando en un restaurante de Miraflores. ¿Cómo pudieron tomarnos esas fotos?”, replicó Cueva.
En esa dirección, Roxana Cueva narró que el entonces jefe del gabinete de asesores del ministerio del Interior, Juan Sheput, “denunció” que un video presentado en el programa “Cuarto poder”, fue entregado “el jueves de la semana pasada, por lo que los periodistas tuvieron tiempo suficiente para buscar la versión del gobierno”. “¿Cómo supo el señor Sheput el día exacto en que me entregaron el video?. Esa era una información muy reservada y sólo se podría explicar, si es que los agentes del gobierno estuvieran realizando un seguimiento y espionaje a los periodistas”, comentó. Días después de este señalamiento se produjo la renuncia de Juan Sheput al ministerio del Interior, aduciendo motivos personales y regresó a su anterior cargo como asesor presidencial en asuntos políticos, para luego ser nombrado ministro de Trabajo.
 Acto seguido y respecto a las denuncias de Roxana Cueva, Jaime de Althaus, conductor del programa “La hora N” del Canal 8, escribió en el diario “El Comercio” de Lima el 8 de octubre: “El servicio de inteligencia -contrariamente a lo que se cree- está activo y se usa políticamente, para perseguir a los periodistas y preparar dossier sobre ellos. Algo inaceptable y sólo comparable a lo que ocurría en tiempos de Montesinos”. Precisó.
 Desnudando una vez más, el proceder inescrupuloso en las altas esferas del gobierno de Toledo, el 18 de octubre, el programa La Ventana Indiscreta (LVI), afirmó que Marcelo Allemant -abogado del presidente Toledo y de su hermana Margarita Toledo, en el caso de la presunta falsificación de firmas de PP- aparece directamente involucrado en una coima a un supuesto testigo, Oscar Oliva.
Como consta en una de las cinco grabaciones registradas por Oliva y que fueron propaladas por LVI, Allemant habría pagado 1,500 dólares, a esta persona a cambio de que le entregue un cheque otorgado por una ONG ligada al congresista Rafael Rey, donde figuraría el pago que el legislador hizo para los estudios de su hijo menor. Es más, Allemant había asegurado a Oliva, que su esposa Yrma Valverde, sería repuesta en su trabajo del ministerio del Interior, a cambio de su colaboración, para lo cual hizo gestiones ante el viceministro del Interior Richard Díaz. Pese a esta grave denuncia, Allemant continuó desempeñándose como abogado del jefe del Estado.
 Para poner en perspectiva los hechos descritos, conviene destacar que el 21 de octubre, se publicó el Informe Anual, elaborado por Transparencia Internacional, sobre el “Índice de percepción de la corrupción”, basado en 18 sondeos aplicados por distintas instituciones en 146 países a empresarios, ejecutivos, académicos y analistas de riesgo económico y político sobre su visión de la inmoralidad en la administración pública. Según ese reporte, el Perú se encuentra a sólo medio punto del nivel considerado de “graves e incontrolables problemas de corrupción”.
 El 3 de noviembre, el presidente del directorio del Canal 2 de Lima, Baruch Ivcher, explicó que el gobierno de Alejandro Toledo ha iniciado una persecución en su contra utilizando a la Sunat (agencia estatal administradora de tributos), como un “arma política” que promueve embargos y otras acciones tributarias. Tras reunirse con el titular del Congreso, Ántero Flores Aráoz, Ivcher dijo que la Sunat presiona a su empresa televisiva para que cambie la línea editorial.
Canal 2 difunde programas de noticias, investigación y opinión, como: “La ventana indiscreta”, “Hoy con Hildebrandt”, “Reporte semanal”, “90 segundos”, entre otros, donde se critica al gobierno y se descubren actos de corrupción. Según Baruch Ivcher, la Sunat “está cumpliendo al pie de la letra” las amenazas que lanzó en su contra la esposa del presidente Toledo, Eliane Karp, durante una ceremonia en la embajada de Israel, donde le advirtió “que lo destruiría y lo metería preso”.
 La empresa noticiosa Agenciaperu.com de Lima, reveló el 28 de noviembre, que la vivienda del ex jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Wilson Benzaquén, fue asaltada por desconocidos, luego que declarase acusando al viceministro del Interior Richard Díaz, de haber apoyado y tener vínculos con el cuestionado empresario Fernando Zevallos, a quien el gobierno de Estados Unidos sindica como cabecilla del narcotráfico. De todas maneras, el viceministro Díaz renunció a fines de diciembre 2004, envuelto en serias denuncias de corrupción efectuadas por la prensa.
Servicios secretos: impunidad y escándalos en el 2005
 El opositor diario La Razón del 2 de enero de 2005, consigna la existencia de un “grupo paramilitar” en el interior del gobierno al que se habría denominado “Comando Cabana” y estaría dirigido en parte, por el asesor presidencial en temas de seguridad y ex agente del Mossad israelí, Abraham Dan On e integrado por Fernando Manrique, José “Pepe” Ballarta, el ex policía Robert Fabián Ñaños, Raúl Delgado Espinoza, entre otros.
Ampliando una investigación del programa “Cuarto poder” pero sin presentar pruebas concretas, La Razón, indica que serían más de 40 sujetos, los que formarían este grupo y que oficialmente “trabajan” en Palacio de Gobierno, el Pronaa (Programa nacional de asistencia alimentaria) y otras dependencias estatales donde rotan para no ser descubiertos, pero que realmente prestarían servicios bajo órdenes del asesor de Toledo, Abraham Dan On.
 Un veterano activista del partido gobiernista y ex trabajador de Corpac, William Menacho Flores, reconoció 13 de enero, al programa “La hora N” del Canal 8, que el jefe de Corpac, Freddy Otárola -personero legal del oficialista Perú Posible- financió la fuga de la testigo Carmen Burga hacia Ecuador, Colombia y Venezuela, para lo cual le ordenó a Menacho que acompañe a Burga y a su familia en ese recorrido.
Burga ha sido reconocida como colaboradora eficaz por el Poder Judicial, en el caso de la supuesta falsificación masiva de firmas donde está involucrado el presidente Toledo, su hermana Margarita y altos miembros del partido gobiernista. Hasta aquí una acotación: será la justicia quien deberá establecer si hubo o no secuestro contra Burga y su familia; pero existen múltiples indicios sobre la participación de funcionarios gubernamentales y allegados al partido oficialista, en el ocultamiento y luego salida clandestina de esta testigo, para sustraerla de investigaciones judiciales y congresales.
 De otro lado, quien fuera jefa de operaciones de la ex Farmacia Deza, Juana Sánchez Elías, declaró el 16 de enero a un programa televisivo, haber recibido amenazas de agentes del gobierno, que la obligan a huir del Perú. “Las amenazas de muerte son constantes y he tenido prueba de ello (uno de sus parientes fue asaltado misteriosamente con un arma de fuego), esto me empuja a denunciarlo ya que temo por la vida de mi familia, si voy donde la policía no me van a admitir la denuncia, ¿ante quién puedo ir?”. Expresó con angustia la testigo.
Por medio del Canal 2 de Lima, Sánchez mostró facturas originales de consumo en la Farmacia Deza -motivo del acoso en su contra- firmadas de puño y letra, el 16 de octubre de 1998, por quien fuera luego mandatario del Perú, Alejandro Toledo. Dichos documentos demostrarían que en esa fecha, Toledo se encontraba libando licor con tres mujeres en diversos hoteles de la capital, a pesar de que siempre aseguró que en dicha ocasión fue secuestrado por los servicios secretos de Fujimori. Es útil recordar que el examen toxicológico practicado a Toledo aquella noche en la clínica “San Pablo” de Lima, encontró trazas de cocaína, según el certificado de laboratorio Nro. 050781, publicado por la revista Caretas el 22 de marzo del 2001.
 El diario Correo, aseguró el 4 de febrero, que el día anterior, el asesor financiero del ex ministro fujimorista Carlos Boloña, Diego Fernández Espinoza, interceptó a dos suboficiales de inteligencia de la Marina que lo seguían sospechosamente. El ejecutivo narró ante la Policía que luego de salir de su domicilio en Lima, se percató que un automóvil Toyota de color rojo de placa HQ-1009 lo venía persiguiendo.
Fue entonces que decidió ir tras el vehículo, donde se encontraban dos sujetos que se refugiaron en el frontis de la Embajada del Ecuador en Lima. La Policía que resguardaba el recinto diplomático los intervino y estos se identificaron como los suboficiales de inteligencia de la Marina, Guillermo David Collantes Huarniz y Darwin Bohabot Grández, con carnet Nro. 02902382 y 01992351, respectivamente. Al llegar una Fiscal, se revisó el auto de los marinos y en él se encontró una filmadora digital Sony, dos walkie-talkies y un teléfono celular Nextel, usados en el trabajo de espionaje.
 La prensa difundió el 6 de marzo, un correo electrónico donde se amenazaba de muerte al empresario de televisión Baruch Ivcher (accionista principal del Canal 2 de Lima) no sólo por criticar al gobierno de Toledo, sino hasta por tener programas donde se parodia a la pareja presidencial. “Tus días están contados en el Perú, tú y tu familia van a sufrir las consecuencias de los actos que están haciendo en tu canal... esta semana vas a aparecer con un balazo en la cabeza muerto como un perro...”. Decía parte de la misiva.
En respuesta, Baruch Ivcher hizo pública una carta el 11 de marzo, donde le comunica al embajador de Estados Unidos en el Perú y a otros representantes diplomáticos e instituciones internacionales, que el equipo de investigación del Canal que dirige, ha obtenido “información fidedigna” de que se estaría tramando en el Perú una conjura para incriminarlo en el narcotráfico, colocando subrepticiamente alijos de droga en sus equipajes o en los embalajes que usa su empresa para exportar productos.
 El 17 de marzo, en la cafetería San Antonio, de Miraflores, el periodista del diario Perú 21, Pedro Tenorio y el analista Alberto Adrianzén del diario La República, detectaron que desde el auto Toyota color gris, de placa AIV 950 (del Ministerio del Interior), estaban filmando el local donde ellos se encontraban charlando.
 El congresista Edgar Villanueva, presidente de la comisión encargada de investigar la presunta falsificación masiva de firmas al interior de las agrupaciones políticas, donde está involucrado el partido gobiernista y su líder el presidente Toledo; denunció el 28 de marzo, haber sido amenazado junto a su familia, mediante una carta recibida en su hogar. Días después, desconocidos introdujeron un paquete con droga entre los documentos de dicho parlamentario en el interior del Congreso, con la evidente intención de incriminarlo y desprestigiar su labor.
 Confirmando una predisposición violenta contra la prensa de investigación, el 14 abril, el periodista César Hildebrandt Chávez, fue víctima de una brutal golpiza por parte del padre y hermanos de la teniente de la Policía Lady Bardales Castillo, quien formaba parte del cuerpo de seguridad de la esposa del presidente Toledo. Los hechos ocurrieron, cuando Hildebrandt Chávez, visitó el domicilio de los Bardales en la ciudad de Chiclayo, al norte de Lima; para recoger la versión de los padres de la teniente, respecto a una serie de evidencias que demostrarían que su hija y otros familiares, han obtenido beneficios económicos y profesionales, presumiblemente derivados de un tratamiento privilegiado desde Palacio de Gobierno.
 Mas tarde, en mayo del 2005, el presidente del directorio del Canal 2, Baruch Ivcher, alcanzó a la Comisión de Defensa del Congreso, fotos y documentos que revelarían la existencia de un supuesto “grupo especial” integrado por policías, cuando espiaban a periodistas y otros personajes. La denuncia, elaborada por la Unidad de Investigación de ese Canal, evidencia que este equipo de inteligencia policial habría seguido a la periodista Cecilia Valenzuela, así como a dos periodistas del diario “La República” y uno de Radioprogramas del Perú.
El mismo Ivcher y el congresista Luis Guerrero, así como empleados del Ministerio del Interior habrían sido blanco del seguimiento de ese equipo. Según la información brindada, los efectivos involucrados pertenecerían a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dirin) y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Incluso Ivcher sindicó al general Jorge Cárdenas (jefe de la Digimin) como uno de los que comandarían estas actividades ilícitas.
En dicho marco, ya se habría identificado a dos oficiales en actividad, de la División de Contrainteligencia de la Policía Nacional: el comandante Denis Bustillos Silva, junto a los capitanes Julio Domingo Vitorino y Rafael Eduardo Domínguez. Como resultado de esta denuncia, fueron citados al Congreso, el ministro del Interior Félix Murazzo y el Director de la Policía Marco Miyashiro, sin que pudieran disipar las suspicacias frente a tales acusaciones, pese a que este último reconoció la vigilancia en las instalaciones del Canal 2, aduciendo que fue realizada por orden de su despacho y para “verificar posibles vulnerabilidades”.
 El taxista César Cruzado, que halló un aparente documento oficial con un dosaje etílico de la teniente de la Policía Lady Bardales (vinculada con favores del gobierno y que además había atropellado a una ciudadana), denunció el 13 de junio ante la Defensoría del Pueblo, la comisaría de Condevilla y el Canal 4 de Lima, haber sido golpeado por seis policías. Al respecto, el director de la Policía, Marco Miyashiro, afirmó que el taxista se resistió a una “intervención policial pues su vehículo coincidía con las señas de un automóvil sospechoso de transportar armamento”. Pero ante la incredulidad generada por su versión, Miyashiro prometió investigar el hecho, sin que se conozcan los resultados hasta la fecha.
 Documentos y un testimonio clave (del ex secretario y brazo derecho de Murazzo, el mayor de la policía en retiro, Juan Gavidia, quien ahora radica en EE.UU. con su familia y tramita su asilo político) presentados por La ventana Indiscreta el 26 de junio, revelarían que el ministro del Interior Felix Murazzo, reportó informes de inteligencia a Vladimiro Montesinos mientras se desempeñaba como jefe de la Interpol-Lima e incluso visitó el SIN y se entrevistó con el ex asesor, para tratar el caso de persecución política contra Baruch Ivcher.
Pero hay algo más grave todavía, según una acusación de Gisela Niño Paz, antigua secretaria de Mario Delgado Vásquez (amigo del ministro Murazzo y ex proveedor del ejército procesado por la Primera Sala Especial Anticorrupción por el delito de encubrimiento real), informó que hasta en tres oportunidades ella misma llevó al ministro Murazzo sobres con dinero -unos 30.000 dólares cada vez- cuando éste dirigía la Interpol-Lima. Por supuesto, Murazzo negó las acusaciones y amenazó con querellar judicialmente a los integrantes de LVI; pero reconoció haberse reunido con Montesinos en el SIN “por órdenes superiores” y haber alternado con Delgado; también expresó que el Presidente Toledo conocía con anticipación estas acusaciones en su contra, y no les habría dado crédito.
La estratagema: nombrar a jefes policiales cuestionados
La vulnerabilidad de un ministro del Interior como Murazzo por arrastrar acusaciones y antecedentes que lo descalificarían para el alto puesto que ocupa e incluso dejarían abierta la posibilidad de un futuro juicio penal en su contra; avala la siguiente hipótesis: el gobierno de Toledo colocó como jefe del estratégico ministerio del Interior a un personaje cuestionado, para asegurarse que -a cambio de su permanencia en el cargo- facilite la ejecución de acciones de amedrentamiento, encubrimiento y represión contra sectores opositores al gobierno y contra quienes denuncian actos de corrupción gubernamental.
 Otro hecho afianza la certeza de que mas de un servicio secreto está realizando espionaje político: el 9 de julio, los diarios Perú 21 y La República, informaron que Carlos Puente de la Matta, hijo de la congresista del opositor Partido Aprista Peruano, Judith de la Matta, sufrió un aparente intento de secuestro en el distrito limeño del Rímac, por parte de dos miembros de Inteligencia de la Marina. Según la hermana de la víctima, Judith Puente: “Su negocio ha estado siendo filmado y vigilado por extraños. Mi hermano, a la hora de irse a su casa, fue seguido por un auto Volkswagen hasta que solicitó ayuda a la policía y al serenazgo municipal”.
Los espías trataron de huir y abandonaron su vehículo color rojo de placa BG-3342 (que sería de un comandante de la Marina que después llegó a la comisaría del Rímac), al ser intervenidos por la Policía y el serenazgo, reconocieron pertenecer al servicio de inteligencia naval, identificándose como los suboficiales de la Marina de Guerra del Perú, Guillermo Collantes Huarniz y Celio Chapoñán Flores. Los marinos -a quienes se les incautó una cámara filmadora y otra fotográfica, junto a dos celulares- luego dijeron que hacían un trabajo de filmación para una empresa de vigilancia del capitán de fragata Sergio Pérez Ramírez.
En relación a este caso y para tener una idea más clara de la impunidad con la que se realizan estos presuntos actos de espionaje político, basta recordar que el 4 de febrero del 2005, el mismo agente de inteligencia naval, Guillermo David Collantes Huarniz (con carnet militar Nro. 02902382), fue detenido por personal policial en el distrito limeño de San Isidro, cuando espiaba a Diego Fernández Espinoza, asesor del ex ministro fujimorista Carlos Boloña.
 En ese mismo sentido, la empresa noticiosa Agenciaperu.com, filmó el 4 de julio, el momento en que cuatro agentes de Inteligencia de la Policía se detuvieron frente a la casa de Gisela Niño Paz, un día después que esta testigo denunciara al ministro del Interior, Félix Murazzo, de haber recibido dinero ilegalmente en la década pasada. El auto que conducían los agentes era un Toyota de placa BGB 660, que cuando se retiró de la casa, ingresó a un local del Ministerio del Interior ubicado en la cuadra 3 de la avenida Tomás Marsano, de Lima. Según agenciaperu.com, este inmueble estaba a cargo del comandante de la policía, Eduardo Pinedo Góngora, jefe administrativo de inteligencia.
 Prosiguiendo las agresiones sospechosas contra opositores políticos del gobierno, el 17 de julio, el secretario general del movimiento “Sí Cumple” (liderado desde Japón por el ex mandatario Fujimori), Luis Delgado Aparicio, denunció el robo de importante información de la vivienda de Diego Uceda, subsecretario de dicho partido. Los asaltantes se llevaron la computadora del dirigente, tres teléfonos celulares, además del banco de datos y documentos referentes a su organización política, pero no sustrajeron objetos de mayor valor material que tenían a la mano. Delgado Aparicio recordó que un suceso similar ocurrió en el 2003, contra un local de su agrupación en Lince. Hasta la fecha no se ha capturado a los singulares delincuentes.
 Algo parecido se produjo el 26 de julio, cuando Joel Gamarra, ayudante del abogado Juan José Quispe que patrocina a los testigos Juan Gavidia y Gisela Niño, quienes denuncian presuntos vínculos entre el ministro del Interior Félix Murazzo con estructuras delictivas de la década pasada, fue víctima de un extraño asalto donde luego de agredirlo, el supuesto ladrón sólo le robó el sobre con los documentos que incriminaban a Murazzo, pero no le arrebató su billetera o el teléfono celular, que también estaban a su alcance. Este hecho ocurrió mientras Joel Gamarra se dirigía a la Cuarta Fiscalía Anticorrupción de Lima, para entregar documentación relacionada al caso.
 Por si fuera poco, otros indicios razonables confirman la tendencia gubernamental de ubicar al mando de la Policía y sus servicios secretos, a un funcionario con antecedentes comprometedores, propenso a ser permisivo con actividades de espionaje político y encubrimiento: el 7 de agosto, Agenciaperu.com de Lima, aseguró que el Director de la Policía Nacional, general Marco Miyashiro, habría ayudado en la búsqueda y visionado de videos que comprometían al ex Presidente Alberto Fujimori con supuestas acciones ilegales en la década pasada.
Según la denuncia, el 2 de noviembre del año 2000, con la intención de realizar un operativo de búsqueda de tales videos, Fujimori mandó traer a Miyashiro de La Paz, Bolivia, donde se encontraba como agregado policial; por considerarlo un oficial de su confianza (amigo de su hermano Santiago Fujimori desde 1991) y además capaz, por haber dirigido la captura de Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso. Para ello, incluso ordenó que un avión Beechcraft -350 del Ejército, volara hasta Bolivia en su búsqueda, tal como consta en el “Legajo de Unidades de Vuelo”, del Ministerio de Defensa del Perú.
Sobre este espinoso tema, el general Miyashiro reconoció que recibió la misión del ex presidente Fujimori, de capturar a Montesinos así como sus videos y documentos, con un equipo especial de inteligencia, que llegó a intervenir la casa de un cuñado de Montesinos. Sin embargo, negó haberse encargado del visionado ilegal de dicho material. Pese a esta versión, la Cuarta Fiscalía Anticorrupción de Lima, decidió abrir una investigación contra Miyashiro.
 En medio de este turbio panorama y con la designación en agosto de 2005, de Rómulo Pizarro y Marciano Rengifo, en el estratégico Ministerio del Interior (en lugar de Murazzo) y Ministerio de Defensa respectivamente, se mantiene latente la posibilidad de que algunos aparatos de inteligencia sean usados en función de los intereses del gobierno y del partido oficialista; ya que los nuevos ministros pertenecen al círculo mas estrecho de poder del Presidente Toledo como militantes de su agrupación política, de cara a un año electoral donde por primera vez, 160 mil policías y militares podrán ejercer el derecho de sufragio.
Demostrando esa orientación, Agenciaperu.com, consiguió en agosto 2005, dos documentos de inteligencia policial que probarían operativos de seguimientos a periodistas, realizados por la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Interior. El primero, titulado: Nota de Información 3881- 77P8 y con el sello “Reservado”, registra el espionaje a Juan José Pallé, Gloria Armendáriz y Ruth Avendaño, todos ellos integrantes de Radio Libertad de Arequipa (segunda ciudad en importancia del Perú); en dicha nota aparecen las fotos, direcciones, nombres de los padres y horarios de trabajo de los indicados periodistas radiales, bajo el encabezado, “Difusión de información contraria al gobierno”.
Los códigos de distribución del segundo documento, fechado en Lima el 21 de julio 2005, como Nota de Información 3881-77P8, confirmaría la participación de altas autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, en este operativo de espionaje político, atentado contra la libertad de expresión y también amedrentamiento contra el capitán en actividad de la Policía Nacional Víctor Urday, esposo de la dueña de la radio espiada, a quien el informe acusa de ser el verdadero promotor de la emisora. Urday asegura que para obligar a la radio a cambiar su línea editorial crítica frente al gobierno de Toledo, han ordenado su traslado de Arequipa a Lima en una fecha inusual, buscando separarlo de su esposa y familia, para asignarlo al cuidado de las cárceles.
Conclusiones finales
“¿Sed quis custodiet ipsos custodies?” (¿Quién vigilará a los vigilantes?) Poeta Juvenal (130 d. C.)
 Puestos en perspectiva diversos hechos delictivos de naturaleza política y paragubernamental ocurridos en el Perú entre los años 2003 y 2005, se puede vislumbrar un común denominador: la mayoría de las personas o instituciones afectadas mantenían una actitud de oposición y crítica aguda contra la administración Toledo o en su defecto, se habían convertido en fuente de denuncia e investigación, sobre presuntos actos ilícitos cometidos por importantes funcionarios gubernamentales.
 En lugar de ejecutar una estrategia eficaz y preventiva para revertir la sistemática convulsión política y social o para hacer frente al narcotráfico, los rezagos del terrorismo y la extendida inseguridad ciudadana en el Perú, la gran ineptitud del régimen de Toledo convirtió al Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) en una estructura inservible, politizada y contaminada por la corrupción (el CNI padeció 8 jefes en menos de tres años y una fracasada reforma).
 El núcleo duro dirigente del gobierno de Toledo, ha esgrimido la “teoría del complot”, argumentando que diversas corrientes hostiles a su gestión (a la que equiparan falazmente con el sistema democrático), habrían establecido nexos operacionales colaborativos con grupos vinculados a estructuras delictivas de la década pasada; en consecuencia, se habría ordenado a ciertas unidades dedicadas a la investigación y producción de inteligencia operativa, considerar como “blancos objetivos” a todo elemento u organización que afecte la “estabilidad del Ejecutivo en general y en particular la de sus principales elites dirigentes, incluido el Presidente y su entorno”.
 Este razonamiento explicaría las múltiples y continuas denuncias sobre seguimientos, vigilancias clandestinas, interceptación de las comunicaciones, amenazas e incluso agresiones físicas y asaltos de locales y personas, efectuadas por sectores críticos y opositores a la administración Toledo, muchos de los cuales señalan actos de corrupción gubernamental, junto a otros, sindicados por tener vínculos con Montesinos y/o Fujimori.
 Siguiendo esa lógica y dado que las actividades de represión, espionaje y encubrimiento, requieren una organización y planificación, personal de confianza, dinero en efectivo, logística ad hoc (autos, motos, equipos de comunicación e interceptación de las comunicaciones, inmuebles seguros, alimentación, armas, entre otros), así como la cobertura de organismos oficiales especializados; lo más probable -dada la impunidad alcanzada- es que dichas acciones se estén llevando a cabo con el consentimiento de las más altas esferas del régimen de Toledo, en función de lo cual se habría designado en agosto 2005, a dos líderes del partido gobiernista en los ministerios de Defensa e Interior.
 Según las denuncias, certezas, indicios razonables y hechos conocidos en los últimos años, se puede inferir que una facción de la Digimin (inteligencia del ministerio del Interior), del Consejo Nacional de Inteligencia (como ente rector de los servicios secretos), y un sector de la inteligencia naval vinculado a la dirigencia del CNI (mayoritariamente de procedencia naval en el régimen de Toledo); serían los ejecutores de las referidas acciones intrusivas e ilegales, junto a grupos paragubernamentales dependientes del partido gobiernista y de la jefatura de seguridad de Palacio de Gobierno. Por otra parte, el financiamiento provendría de los fondos reservados (para operaciones secretas) de los servicios de inteligencia mencionados, complementado con “dinero negro” procedente de actos de corrupción gubernamental.
 De acuerdo a los hechos analizados y diversas fuentes confiables de la comunidad de inteligencia, tanto el Poder Judicial como el nuevo Congreso elegido el año 2006, tendrán que determinar la responsabilidad del general en retiro Daniel Mora Zevallos, como presunto operador político principal del Presidente Toledo, en las tropelías que habrían cometido algunos cuerpos de inteligencia y grupos paragubernamentales en el período 2001-2005.
 Debido a que la nueva “Ley del sistema de inteligencia nacional” -promulgada por el Congreso en junio del 2005, proponiendo la creación de la “Dirección Nacional de Inteligencia” en reemplazo del CNI- dispone un “control judicial de las operaciones especiales”, para que estas últimas sólo se ejecuten con autorización de dos Vocales Superiores designados por la Corte Suprema de Justicia; no se descarta que buscando evadir esta restricción legal, durante el último y más crítico tramo del gobierno de Toledo, las operaciones de espionaje, represión y encubrimiento político, se traduzcan en un uso más inescrupuloso de los aparatos de inteligencia que han estado sirviendo al sector corrupto del régimen.
 En ese contexto, la desesperación de los perpetradores -intelectuales y materiales- de estos hechos, por la pronta finalización del mandato de Toledo que los haría vulnerables ante la justicia a todos ellos; provocaría la comisión de nuevos errores que pongan a sus autores al descubierto en forma evidente, pero también pudiera suscitar algún exceso contra sus ocasionales víctimas, que produzca lesiones graves y hasta pérdida de vidas.
Consecuentemente, este entramado debe ser desarticulado lo más pronto posible por ciudadanos, líderes sociales y políticos honestos, con el respaldo de los medios de comunicación y autoridades encargadas de aplicar la ley y el orden, de probada rectitud y firmeza democrática; toda vez que el avance del proceso electoral para elegir a un nuevo gobierno en el 2006 y otra correlación de fuerzas políticas en el Parlamento que sancionará dichos actos reprobables, podría generar una escalada de estos últimos, con el objetivo de apoyar y encubrir a ciertos líderes gubernamentales que son cómplices por acción u omisión, así como para neutralizar a la oposición política y a la prensa independiente.